Continúa, en la Cámara de los Diputados, el análisis del Proyecto de Ley Reguladora del Uso de las Redes Sociales, la Represión de los Delitos Informáticos y la Ciberdelincuencia en la República de Guinea Ecuatorial.

La jornada de este miércoles ha comenzado con la adopción del artículo que establece la obligación de retractación y determina que el usuario de las redes sociales o plataformas digitales que publique información o use expresiones y mensajes que afecten a los derechos fundamentales de otras personas estará obligado a retractar esas informaciones por el mismo medio mediante el cual efectuó la publicación, sin perjuicio de que medie una orden judicial que así lo disponga.

Otros artículos adoptados indican que los usuarios de las plataformas digitales y en las redes sociales también deberán respetar los derechos fundamentales de las personas, en especial los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, consagrados en los artículos 13 y 14 de nuestra Ley Fundamental, para lo cual los administradores de esas plataformas deberán incorporar un apartado relacionado con el respecto de esos derechos dentro de la clausulas contractuales de adhesión a las mismas.

Sobre el respeto de esos derechos fundamentales, el proyecto de ley indica que es tarea del Gobierno, a través de los ministerios encargados de Educación, Telecomunicaciones, Información, Asuntos Sociales, Seguridad Nacional, así como las empresas tecnológicas y proveedoras de los servicios de internet, capacitar a los niños, niñas y adolescentes sobre los posibles riesgos a los que pueden enfrentarse por el mal uso de las redes sociales, promoviendo publicaciones y proveyendo conocimientos acerca del uso responsable y seguro de las mismas.

Será pues de obligado cumplimiento la formación, en esa materia, en todas las instituciones educativas del país, en la enseñanza primaria, secundaria, centros de formación profesional y universitaria, así como en las empresas tecnológicas y los proveedores de los servicios de internet.

En relación a los medios de vigilancia previstos para garantizar el uso responsable de esas plataformas, el proyecto de ley establece que el Gobierno, a través del Ministerio encargado de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, deberá suscribir acuerdos o códigos de conducta con las compañías de redes sociales o plataformas digitales que surjan, para que asuman la responsabilidad de implementar mecanismos y procedimientos personalizados que permitan suspender de forma rápida y eficaz publicaciones, contenidos o expresiones ilegales, ofensivas o indeseables, sexuales, de terrorismo, de odio, por condiciones de género, político, religioso o de raza, para proteger a los usuarios víctimas de los mismos.                     

En caso de la suspensión de contenidos o desactivación de cuentas, el usuario victimario será informado o notificado, pudiendo a su vez utilizar mecanismos de impugnación como consumidor y todas las plataformas sociales deberán crear, estipular o reforzar sus políticas o reglas a una forma sencilla de lectura y comprensión para sus usuarios, categorizándolas de manera simple en materia de seguridad, información privada y autenticidad.

Finalmente han sido adoptados los artículos que determinan tanto la estructura orgánica como las funciones generales que tendrá el sistema nacional de ciberseguridad, y se ha comenzado a analizar las competencias que tendrán los departamentos ministeriales que intervendrán en esa materia, en unas sesiones que se desarrollan bajo la moderación del Presidente de la Cámara de los Diputados, Gaudencio Mohaba Messu.

Texto y fotos: Gabinete de Prensa de la Cámara de los Diputados
Envío: Clemente Ela Ondo Onguene (DGPEPWIG)
Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial

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