Ha comenzado, este miércoles, en la Cámara de los Diputados, el análisis del proyecto de ley elaborado por el Gobierno para regular el uso de las redes sociales, la represión de los delitos informáticos y la cíberdelincuencia en nuestro país, en unas deliberaciones que se llevan a cabo en el seno de la comisión parlamentaria de Obras Públicas, Transportes, Minas y Comunicaciones, bajo la moderación del Presidente Gaudencio Mohaba Messu.

La sesión ha contado con la participación de una delegación del Gobierno, encabezada por el Ministro de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias, Sergio Esono Abeso Tomo y el Ministro de Transportes, Correos y Nuevas tecnologías de información y comunicación Honorato Evita Oma.

El Gobierno informa que ha hecho de la informática y el ciberespacio instrumentos de desarrollo, con la inversión en la fibra óptica y la creación de instituciones de gestión y comercialización de la misma.

Esa inversión en fibra óptica, según el Ejecutivo, permite al país beneficiarse de las ventajas de internet, para dotarse de un Gobierno digitalizado y desarrollar el comercio electrónico, las universidades virtuales, el teletrabajo, la telemedicina y otros campos de la actividad económica para crear empleo, riqueza y aumentar los ingresos tributarios del Estado.

Sin embargo, esos instrumentos concebidos como plataformas de progreso en nuestra sociedad se han convertido en espacios de comisión de delitos, de difamaciones y de atentados contra la intimidad, el honor, la reputación y la imagen de personas físicas y jurídicas.

Esas amenazas todavía no pueden ser combatidas legalmente, porque la legislación de Guinea Ecuatorial no es compatible con los conceptos de informática y el ciberespacio y, según el artículo 13 de la Ley Fundamental, todo ciudadano goza del derecho a no ser castigado por un acto que, en el momento de cometerse, no estuviese tipificado ni castigado como infracción penal, ni se le puede aplicar una pena no prevista en la ley y, en caso de duda, la ley penal se aplicaría en sentido más favorable al reo.

El Ministro de Justicia ha indicado que el Gobierno es consciente de que el uso de esas plataformas digitales deben ser reguladas por el derecho; por eso presenta ese proyecto de ley para acabar con esa inmunidad legal y dotar al país de un instrumento legal que organice la utilización de esas nuevas tecnologías, y permita reprimir los delitos cometidos con los soportes informáticos y en las redes sociales.

Con esa iniciativa legislativa, el Ejecutivo quiere adaptar la normativa penal vigente en nuestro país a la realidad del siglo XXI, velar por un uso responsable de las redes sociales y adoptar medidas de prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las nuevas tecnologías de información y comunicación, en perjuicio de personas físicas y jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilizan esas tecnologías, su cometido y cualquiera de sus componentes.

En el proyecto de ley vienen definidos los conceptos de ciberespacio, las redes sociales de internet, la ciberdefensa, ciberseguridad, ciberdelitos, delitos informáticos, ciberbulling o ciberacoso, usuario víctima, usuario victimario, etc.

El texto también detalla las prohibiciones, las obligaciones y los deberes que deberán observar los usuarios de las redes sociales para el buen uso de esas plataformas digitales, así como el derecho de retraer, por el mismo medio, las informaciones, expresiones o mensajes publicados, cuando afecten a los derechos fundamentales de otras personas.

Por otra parte, se determinan las funciones que tendrá la Agencia Nacional de Ciberseguridad e Infraestructuras Críticas, que se prevé crear como un ente autónomo de derecho público, dependiente de la Presidencia del Gobierno; se define los delitos informáticos y los ciberdelitos, así como las penas o sanciones que se impondrán a los a los usuarios infractores, delincuentes informáticos y  ciberdelincuentes, incluido el correspondiente procedimiento sancionador.

En sus consideraciones generales, los diputados han felicitado esa iniciativa legislativa, pero han pedido aclaraciones sobre  las estrategias que se prevén adoptar para la efectiva aplicación de la futura ley, en lo que se refiere a las infraestructuras de almacenamiento de datos, formación de jueces, fiscales y demás personal cualificado en la materia, cuestiones que han sido aclaradas por la delegación del Gobierno.

Para la elaboración de ese proyecto de ley, el Ejecutivo se ha inspirado en los principios del derecho internacional y en la Convención de la Unión Africana sobre la Ciberseguridad y la protección de datos de carácter personal, adoptada en Malabo en el mes de junio de 2014; por eso los diputados han recomendado al Gobierno tomar disposiciones para la ratificación de ese tratado, ya que al haberse firmado en la República de Guinea Ecuatorial no entienden que hasta 2024 todavía no haya sido ratificado.

Texto y fotos: Gabinete de Prensa de la Cámara de los Diputados
Envío: Clemente Ela Ondo Onguene (DGPEPWIG)
Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial

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