El Primer Ministro del Gobierno, Encargado del Coordinación Administrativa, Manuel Osa Nsue, ha presentado este martes, 24 de marzo, ante el Pleno de la Cámara de los Diputados el Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifican los artículos 28, 46 y 65 de la Ley número 5/2009, de fecha 18 de mayo, reguladora del Poder Judicial y se introducen los artículos 67 bis, ter y quater, relativos a la creación del Decanato Judicial y la limitación de prisión preventiva.

La Ley Fundamental de la República de Guinea Ecuatorial, en su artículo 90, dispone que la Ley Orgánica del Poder Judicial determina la organización y las atribuciones de los juzgados y tribunales, necesarios para un funcionamiento eficaz de la Administración de Justicia.

Sin embargo, la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial establece una organización jurisdiccional que no está acorde con los estándares internacionales para la buena administración de justicia, por eso el Gobierno presenta esa reforma de alcance estructural, para su aprobación por vía de urgencia por el Parlamento, con una doble finalidad: por una parte, modernizar el sistema judicial penal y, por otra, reforzar la protección efectiva de los derechos humanos.

El Primer Ministro del Gobierno ha hablado sobre los compromisos internacionales que ha asumido Guinea Ecuatorial en materia de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, que establecen estándares claros sobre las garantías procesales que deben regir todo sistema judicial, tales como el derecho a un juicio justo, el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, el derecho a recurrir una condena y el derecho a la libertad personal.

Este proyecto de ley orgánica transforma esos principios en garantías reales y efectivas dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Con esa reforma, cualquier ciudadano que se enfrente a un proceso judicial contará con garantías claras, para que quien investigue su caso no sea quien lo juzgue, para que pueda recurrir la sentencia ante un órgano superior, y que la prisión preventiva esté limitada y sea proporcional a la pena que se le impute, lo cual, según el Gobierno, supondrá un avance decisivo en la consolidación de un Estado de Derecho y fortalecerá la confianza en la justicia.

La primera novedad de esa reforma es la creación de los juzgados de lo penal, con lo que se incorpora la separación entre la fase de instrucción y la fase de enjuiciamiento, consolidando un sistema judicial conforme a las mejores prácticas reconocidas a nivel internacional.

También se hará efectiva la doble instancia penal, que permitirá revisar las decisiones, corregir posibles fallos, a fin de fortalecer la calidad de la justicia. En la tercera medida se racionaliza el uso de la prisión preventiva, mediante el establecimiento de plazos máximos, en función de la gravedad del delito imputado.

Esta medida reforzará la presunción de inocencia, evitará el uso abusivo de la privación de libertad, garantizará la proporcionalidad y control, además de introducir un régimen disciplinario para sancionar los retrasos injustificados en la aplicación de la prisión preventiva, mientras que en la cuarta medida se crea el Decanato Judicial en cada provincia, como órgano de coordinación que garantizará la distribución transparente de los asuntos judiciales entre los distintos órganos jurisdiccionales. Se define con precisión las competencias de cada uno y se ordena mejor el trabajo de los tribunales, fortaleciendo la independencia judicial y la confianza del ciudadano en la justicia.

El Gobierno considera que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que presenta constituye una garantía esencial de protección de los derechos humanos y de las libertades políticas consagradas en el artículo 13 de nuestra Ley Fundamental, porque con la misma se corregirá la anomalía procesal que consiste en la inexistencia de la doble instancia penal en nuestro ordenamiento jurídico vigente.

Para la protección eficaz de los derechos humanos y las libertades públicas, se crean los tribunales de los penal para garantizar la doble instancia penal consagrada en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU, en la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos y en las Directrices de la Comisión Africana de los Derechos Humanos de los Pueblos, relativos al derecho a un juicio justo y a la asistencia jurídica en África.

Todos los sistemas penales y el derecho internacional exigen la creación de juzgados de lo penal en primera instancia y la efectividad del recurso de apelación penal, para la protección eficaz de los derechos humanos y de las libertades públicas; por eso, en la exposición de motivos de ese proyecto de ley orgánica, el Gobierno califica esa reforma como un acto de buena gobernabilidad y una manera activa de promocionar los derechos humanos en la República de Guinea Ecuatorial.

El Ejecutivo también indica que la prioridad del Estado es actualizar las normas que facultan a los juzgados y tribunales a desempeñar la función jurisdiccional, preservando siempre los derechos fundamentales, con el objetivo de asegurar que las víctimas o potenciales víctimas de violaciones de esos derechos sean protegidas y puedan ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva, en su faceta de derecho a los recursos.

Después de la presentación de ese proyecto de ley orgánica y su admisión a trámite, los artículos reformados e introducidos han sido analizados, con la introducción de las correspondientes enmiendas, en unas deliberaciones llevadas a cabo en el seno de la Comisión Parlamentaria de Justicia y Derechos Humanos, que después ha adoptado el acta y el dictamen resultantes de sus deliberaciones, elevando sus conclusiones al Pleno.

La futura disposición ha sido aprobada por unanimidad de los dos grupos parlamentarios, después de escuchar las valoraciones de sus respectivos portavoces, en una sesión plenaria desarrollada bajo la moderación del Presidente de la Cámara de los Diputados, Doctor Salomón Nguema Owono, quien ha felicitado a los diputados por el trabajado realizado en el análisis y aprobación de ese proyecto de ley orgánica por vía de urgencia, lo que ha dicho constituye un gesto de patriotismo, a la vez que invitaba el Gobierno a intensificar la sensibilización a la población sobre los buenos comportamientos, a fin de evitar la masificación de las cárceles.

Esa sesión ha contado con la presencia de una delegación del Gobierno, encabezada por el Ministro de Estado Encargado de Relaciones con el Parlamento y Asuntos Jurídicos, Sergio Esono Abeso Tomo y el Ministro de Justicia, Culto y Derechos Humanos, Reginaldo Biyogo Mba Ndong Anguesomo, quien ha agradecido a los diputados por ese apoyo unánime.

Texto y fotos: Gabinete de Prensa de la Cámara de los Diputados

Envío: Clemente Ela Ondo Onguene (DGPEPWIG)

Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial

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