El Gobierno estrecha el cerco a las empresas de mantenimiento: facturan más de 7.400 millones y adeudan impuestos
Posibles casos de fraude y evasión fiscal salpican a las empresas encargadas del mantenimiento de los edificios públicos.
La información se desprende de los primeros datos del informe preliminar presentado este miércoles, 13 de mayo, al Vicepresidente de la República, durante la reunión celebrada en el Palacio del Pueblo, en Malabo, con la comisión mixta creada para investigar la situación de las empresas responsables del mantenimiento de los edificios ministeriales del país.
Según las conclusiones iniciales, las irregularidades detectadas afectan a varias compañías que habrían incumplido sus obligaciones fiscales y laborales pese a haber recibido importantes sumas procedentes del Estado. De las más de 600 empresas existentes en este sector, la comisión ha comenzado examinando las primeras 50, cuyos resultados han sido calificados de preocupantes.
El informe recoge que estas empresas percibieron durante el ejercicio 2025 más de 7.498 millones de francos CFA provenientes de contratos públicos. Sin embargo, a pesar de haber declarado beneficios superiores a los 3.918 millones de francos CFA, mantienen una deuda acumulada con el Estado de más de 2.424 millones, correspondiente a conceptos como cotizaciones al INSESO, IRPF, Cuota Mínima Fiscal, Fondo de Protección del Trabajador e impuestos sobre sociedades, entre otros.
Uno de los aspectos más graves señalados por la comisión está relacionado con la situación laboral de los trabajadores declarados por estas compañías. De los 931 empleados registrados, 841 no cuentan con contratos, nóminas ni documentación que demuestren la prestación real de servicios, lo que hace sospechar de posibles irregularidades administrativas y laborales.
Tras conocer estos primeros resultados, Nguema Obiang Mangue ha manifestado su preocupación por unas prácticas que, según ha señalado, perjudican directamente al Estado, afectan los derechos de los trabajadores y reducen recursos que deberían destinarse a servicios públicos y al bienestar de la población.
Ante esta situación, la segunda figura política del país ha instruido a los ministerios de Hacienda, Tesorería y Trabajo, así como al INSESO, a verificar todas las cifras presentadas por la comisión y elaborar el informe definitivo para la próxima semana. Asimismo, ha dejado claro que las empresas implicadas deberán devolver hasta el último franco adeudado al Estado y asumir las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.
Mientras avanzan las verificaciones técnicas y documentales, la comisión mixta continuará ampliando las investigaciones al resto de empresas vinculadas al mantenimiento de edificios públicos, con el objetivo de determinar el alcance real de las irregularidades detectadas, depurar responsabilidades conforme a la legislación vigente y reforzar los mecanismos de control sobre el uso de los recursos públicos, garantizando que las empresas que trabajan con el Estado cumplan sus obligaciones fiscales, laborales y administrativas.
Texto y fotos: Gabinete de Prensa e Imagen de la Vicepresidencia de la República
Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial
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