Los Honorables Diputados han reanudado, este martes, sus deliberaciones en el seno de la comisión parlamentaria que analiza el Proyecto de Ley sobre contratas del sector público y, tras la adopción de la exposición de motivos y los artículos que quedaron pendientes de reformulación, han sido adoptados los artículos relativos a la inadmisibilidad y los criterios de evaluación de las ofertas, así como la adjudicación de contratos.

Según ese Proyecto de Ley, en la contratación pública, las bases de licitación serán publicadas en un sistema electrónico o en los medios de comunicación oficiales, para convocar al mayor número de proveedores y la normativa de desarrollo de la futura ley de contratos del sector público deberá fijar un procedimiento que permita establecer la capacidad del oferente para cumplir con el contrato dentro de las condiciones ofertadas y la entidad contratante podrá declarar inadmisibles las ofertas, cuando no cumplan las especificaciones establecidas en las bases de licitación.

En el proceso de evaluación de las ofertas, se verificara que todos los proveedores y sus propuestas cumplen los requerimientos de los documentos licitatorios y las ofertas se evaluaran de manera justa e imparcial, de conformidad con los criterios, factores y sub-factores de evaluación y ponderación definidos en las bases de licitación.

La entidad contratante considerara los criterios técnicos y económicos para evaluar, de la forma más objetiva posible, las ofertas recibidas y esos criterios de evaluación buscaran seleccionar la mejor o mejores ofertas y, en cada entidad contratante, se establecerá una unidad de evaluación de ofertas, especializada en materia de contratación administrativa, la cual actuará en los procedimientos de contratación para licitaciones no complejas y de montos iguales o inferiores a cien millones de francos cfas.

Dicha unidad estará integrada por funcionarios de la entidad contratante, los cuales deberán suscribir una declaración jurada, en la que expresen no tener conflicto de interés con los oferentes de las respectivas licitaciones y también deberán suscribir una declaración de confidencialidad, expresando además su compromiso a no aceptar donativos de terceros, sean oferentes o no.

De la misma manera se constituirá una comisión de evaluación en las licitaciones complejas y de montos superiores a cien millones y una comisión de evaluación para los contratos de asociación público-privada, cuyos miembros también deberán suscribir una declaración de intereses, de confidencialidad y su compromiso a no aceptar donativos.

En lo que se refiere a la adjudicación, ese Proyecto de Ley establece que cada contrato será adjudicado mediante resolución fundada de la entidad contratante, comunicada al proveedor o contratista y no se podrá adjudicar el contrato a quien no cumpla con las condiciones y requisitos esenciales establecidos en las bases de licitación.

Por otra parte, la futura ley de contratación pública, determina los casos en que se podrá recurrir a la licitación restringida, la contratación con arreglo a un convenio- marco o la contratación directa, en unos artículos que también han sido adoptados.

Se prevé crear una Oficina Nacional de Compras y Contratación Pública, que contará con un sistema electrónico de información, accesible al público y gratuito, que constituirá el medio oficial de difusión de la información relativa a las contrataciones que realice la Administración Pública y los proveedores interesados en participar en los procedimientos de contratación pública, podrán consultar las bases de las licitaciones y los documentos de las convocatorias a través de dicho sistema.

Ante esas perspectivas, los Honorables Diputados han formulados recomendaciones en el sentido de que el Gobierno potencie la informatización de la Administración Pública y mejore el suministro del Internet en el país, con el fin de garantizar el funcionamiento de todos esos servicios.

En la Cámara de los Diputados, también continúa el análisis del Proyecto de Ley por el que se fija los principios generales aplicables a los regímenes de dominios y tenencia de tierras en las zonas rurales urbanas, en unas deliberaciones que se llevan a cabo en el seno de la Comisión Parlamentaria de Gobernación y Administración Local, que igualmente ha adoptado varios artículos en la jornada de este martes.

Texto y fotos: Gabinete de Prensa de la Cámara de los Diputados

Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial

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