En el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA (1 de diciembre), ONUSIDA subraya que la defensa de los derechos humanos de todas las personas que viven con VIH, o corren el riesgo de contraerlo es vital para acabar con el SIDA para el año 2030.

El mundo ha realizado enormes progresos en la reducción del impacto del VIH en los últimos 15 años. A escala mundial, un total de 30,7 millones de personas (el 77% de las personas seropositivas) recibieron tratamiento en 2023, frente a los 7,7 millones de 2010. Esto se ha traducido en un drástico descenso de las muertes relacionadas con el SIDA, que se han reducido un 51% en el mismo periodo.

En Guinea Ecuatorial, al igual que en el resto del mundo, el VIH continúa siendo una amenaza desde el punto de vista de la salud pública nacional; y el tratamiento de las personas que viven con VIH es un tema en el que el equipo nacional trabaja arduamente. Según los datos de seguimiento nacional de VIH y SIDA del año 2023, se estima que 68.655 personas vivían con VIH.

Aunque se han desarrollado una serie de herramientas eficaces de tratamiento y prevención, el mundo sigue sin estar en vías de terminar con el SIDA, como amenaza sanitaria para 2030. Los avances mundiales son demasiado lentos. De hecho, en al menos 28 países están aumentando las nuevas infecciones por VIH.

Entonces, ¿cómo proteger los logros ya conseguidos contra el VIH, y seguir avanzando hacia ese objetivo vital de 2030?

Un nuevo informe de ONUSIDA publicado en vísperas del Día Mundial del SIDA, titulado Take the Rights Path (Toma el Camino de los Derechos), muestra que la defensa de los derechos es el camino hacia una respuesta al VIH sólida y sostenible. El mundo puede acabar con el SIDA como amenaza para la salud pública, si se protegen los derechos humanos de todas las personas que viven con el VIH, o corren el riesgo de contraerlo.

Defender los derechos de las mujeres y las niñas es fundamental para acabar con la pandemia de SIDA. La violencia de género aumenta la vulnerabilidad al VIH.

En Guinea Ecuatorial, la población joven, con énfasis en mujeres y niñas, son una prioridad para acabar con el SIDA en 2030.Por ello, dentro de la prevención de VIH a nivel nacional, entre otras actividades importantes, se realizan esfuerzos para disminuir la tasa de transmisión de VIH, de madre a hijo(a), que según los datos de 2023, se sitúa en 21%. Igualmente, también existen esfuerzos para aumentar el nivel de conocimiento sobre VIH en la población general.

Otra premisa clave es que la negación de educación e información ponen en peligro a las personas. Es urgente continuar invirtiendo en la educación, con énfasis en la educación de las niñas, e impartir una educación sexual integral, como un componente esencial de la prevención del VIH.

Por otro lado, es importante eliminar las barreras para la salud. Por ejemplo, a nivel mundial, más de la mitad de los países tienen leyes que impiden que los(as) jóvenes puedan hacerse la prueba de VIH para conocer su estado serológico, a no ser que obtengan el permiso de sus padres, lo que les limita y hace que muchos(as)sigan sin saber si viven con el VIH.

En Guinea Ecuatorial, la educación de la población joven es un tema de alto interés, y constituye un reto nacional el poder generar las condiciones necesarias para que dicha población tenga acceso a un empleo digno. Sin embargo, Guinea Ecuatorial es uno de los países de África con mayor nivel de alfabetización.

A nivel mundial, aunque muchos países han hecho grandes progresos en la reducción del impacto del VIH en la niñez, no se está cumpliendo el compromiso de proteger a los niños y las niñas que viven con VIH. Uno de cada tres niños(as) no se somete a la prueba de VIH en los dos primeros meses de vida, y la cobertura del tratamiento del VIH es notablemente inferior en el caso de los niños y niñas (57%) que en el de los adultos (77%).

En Guinea Ecuatorial, las coberturas de tratamiento antirretroviral se han fortalecido en los últimos años, pero son aún mejorables. De la población de personas viviendo con VIH de 15 años de edad o más, sólo el 49% estaba bajo tratamiento antirretroviral en 2023. Aumentar la cobertura de tratamiento en dicho grupo de población constituye un reto importante a nivel nacional.

A nivel mundial, la criminalización y la marginación de grupos de personas, como hombres que tienen sexo con otros hombres, personas transexuales, profesionales del sexo y personas que consumen drogas, también están socavando los esfuerzos para acabar con el SIDA. La promulgación de leyes aún más severas contra estos grupos en muchos países está aumentando los niveles de estigmatización y discriminación, y está alejando a las personas de los servicios de tratamiento y prevención del VIH.

La reacción contra el disfrute de los derechos, que amenaza con deshacer gran parte de los avances logrados en la respuesta mundial contra el SIDA, debe ser combatida con firmeza. Para proteger la salud de toda la población debemos proteger los derechos de todos y todas.

Hay esperanza.

En todo el mundo se han eliminado una serie de leyes divisorias que impedían la prestación de servicios de salud pública a grupos de personas en contexto de vulnerabilidad. En la actualidad, dos tercios de los países no penalizan a las personas LGBTIQ+. También hay una clara tendencia hacia la eliminación de las contraproducentes leyes que penalizan la exposición al VIH, la no revelación o la transmisión.

El nuevo informe de ONUSIDA ofrece una hoja de ruta clara: para acabar con el SIDA, toma el camino de los derechos.

Enlace a página WEB de ONUSIDA: https://www.unaids.org/es

Fuente: Roberto A. Flores Reyna, MD, MS Epidemiología, FETP, Representante y Director de ONUSIDA en Guinea Ecuatorial.

Basilio M. Aboho Angue, MSP, Oficial de Información Estratégica de ONUSIDA en Guinea Ecuatorial.

Envío: Clemente Ela Ondo Onguene (DGPEPWIG)

Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial

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