Los Delegados Regionales y el Director General de Tráfico, Rodado y Seguridad quedan suspendidos de sus funciones y salarios con efecto inmediato junto con sus secretarias.

Es una decisión tomada por S.E Nguema Obiang Mangue para responder a las irregularidades que han estado cometiendo en el ejercicio de sus funciones al servicio de la población.

El informe preliminar de la investigación, leído por la Gendarmería Nacional, recoge la existencia de un esquema de producción y venta de permisos de conducir nivel "B" a través de una imprenta privada controlada por ellos como socios. De hecho, desde el año 2021 que se empezó, no hay registros estadísticos que muestran la cantidad de producción hasta el año 2025, que recoge una impresión de 947 placas de permisos de conducir entre Bata y Malabo.

Según las primeras pesquisas de la gendarmería expuestas durante una reunión en la Vicepresidencia, la legislación vigente en Guinea Ecuatorial establece que el permiso de conducir oficial tiene una vigencia de 10 años. Esta duración se redujo a 5 años por no ser tan demandante.

El punto de inflexión llegó en 2021. En ese momento, a propuesta de Tráfico, el Ministerio del Interior solicitó al entonces Primer Ministro, Pascual Obama, una autorización para emitir permisos con validez de un año y la petición fue concedida. A partir de esa autorización, la Dirección General de Tráfico contrató a una imprenta privada para producir cartulinas que debían ser posteriormente validadas y puestas en venta por la Tesorería General. Sin embargo, según fuentes del Tesoro Público, nunca recibieron nada.

El modus operandi del grupo de Malabo, compuesto por una secretaria, el Delegado Regional y el Director General de Tráfico; era ignorar CNEDOGE como entidad oficial para estos servicios, asegurar una imprenta, comprar placas a 5 mil, imprimir según las solicitudes, venderlas a 35 mil FCFA, ingresar 20 mil al tesoro público supuestamente y repartirse el resto.

Mientras que el Delegado regional en Bata, junto a su secretaria, hacían lo mismo y se quedaban con todo el dinero que, según el número de expedientes trabajados, llegaba a millones de FCFA.

A pesar de que el grupo de Malabo dice haber estado ingresando parte de su producción al Tesoro Público, el Vicepresidente de la República ha recomendado a la Gendarmería y la Tesorería chequear para confirmar su palabra y ver el monto.

Mientras tanto, como medida cautelar, todos han quedado suspendidos de sus funciones y salarios hasta que se esclarezca la situación.

Texto y fotos: Gabinete de Prensa e Imagen de la Vicepresidencia de la República

Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial

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