Las empresas encargadas del mantenimiento de los inmuebles propiedad del Estado deberán ingresar en el Tesoro Público más de 1.387 millones de francos CFA por impago de obligaciones fiscales y prestaciones sociales. Así se desprende del informe elaborado por la Comisión Técnica encargada de verificar la situación contractual, laboral y tributaria de las firmas adjudicatarias.

El dossier ha sido presentado este martes, en la Jefatura de Estado en Malabo, durante una sesión de trabajo presidida por S.E. Nguema Obiang Mangue, con la participación del Primer Ministro, otros miembros del Gobierno y representantes de las empresas de mantenimiento.

En esta segunda fase de las investigaciones han sido convocadas 50 empresas, de las cuales únicamente 43 han comparecido ante la comisión. Las siete restantes han quedado excluidas de la prestación de servicios al Estado por no presentar la documentación requerida, sin perjuicio de las obligaciones económicas que mantienen con la Administración.

Los datos presentados reflejan además importantes irregularidades laborales. De los 634 trabajadores declarados por las empresas evaluadas, solo 236 se encuentran en situación regular, mientras que 398 presentan diversas anomalías.

En el ámbito tributario y social, las compañías acumulan una deuda superior a los 910 millones de francos CFA por Impuesto sobre Sociedades, más de 33 millones por IRPF, alrededor de 426 millones correspondientes a cotizaciones pendientes al INSESO y más de 17 millones por concepto del Fondo de Protección al Trabajador, lo que eleva el importe global adeudado a 1.387.723.864 francos CFA.

Tras conocer estos resultados, Nguema Obiang Mangue ha felicitado a la comisión por el trabajo realizado y ha instruido al Ministerio de Hacienda a reunirse con las empresas para iniciar el proceso de amortización de las cantidades pendientes.

El Vicepresidente de la República ha precisado que el objetivo del Ejecutivo no es excluir al sector privado de estas actividades, sino garantizar que las empresas que trabajan con el Estado cumplan con sus obligaciones fiscales, laborales y sociales, y que los servicios prestados se correspondan con las importantes sumas que la Administración destina mensualmente para pagarles y asegurar unas condiciones adecuadas de trabajo y salubridad en las instituciones públicas.

En este sentido, ha solicitado a la comisión los informes remitidos por los distintos departamentos ministeriales sobre la calidad real de los servicios prestados, así como una evaluación de los medios técnicos y la capacidad operativa de cada empresa, con el fin de identificar aquellas que disponen verdaderamente de los equipos y recursos necesarios para desempeñar su labor.

A partir de estas conclusiones, el Gobierno estudiará una reorganización del actual sistema de mantenimiento, que podría incluir la creación de una empresa nacional especializada en la conservación de las infraestructuras públicas o la continuidad únicamente de aquellas firmas que demuestren capacidad, medios y resultados satisfactorios.

Texto y fotos: Gabinete de Prensa e Imagen de la Vicepresidencia de la República

Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial

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