mar. 06 octubre, 16:29
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El Gobierno rechaza la propuesta de Comercial Santy y exige el pago de más de mil millones de francos CFA

La situación jurídica de Comercial Santy ha centrado una reunión presidida por el Vicepresidente de la República, S.E. Nguema Obiang Mangue, en el Palacio del Pueblo en Malabo, con la participación del Primer Ministro del Gobierno, el Fiscal General de la República, responsables de los departamentos competentes y representantes de la empresa.

Durante la sesión se revisaron los expedientes abiertos contra la firma, sancionada por 1.000 millones de FCFA por atentado contra la salud pública de Guinea Ecuatorial; versada en la manipulación de fechas de caducidad, manipulación y comercialización de productos de consumo en todo el país.

Como consecuencia de estas actuaciones, la empresa fue condenada al pago de una multa millonaria. En el encuentro, el Fiscal General de la República, Anatolio Nzang Nguema, presentó la propuesta remitida por Comercial Santy. En ella, la empresa solicitaba ampliar hasta el año 2028 el plazo para hacer frente a sus obligaciones económicas, alegando dificultades financieras que atraviesa y pidiendo al Gobierno que acepte un calendario de pago adaptado a su situación.

Por su parte, el Vicepresidente de la República manifestó que el Ejecutivo no puede aceptar esa propuesta, al considerar que la empresa ha incumplido gravemente la legislación nacional aludiendo sus responsabilidades.

Al sentirse castigado por la ley con la prisión preventiva de Nicolás Ruso, responsable de calidad en Enbasa, filial de Santy, idearon una estrategia de burla a las autoridades en complicidad con el abogado de la empresa y lograron que Nicolás Ruso huyera del país; dejando en su lugar Suresh Alikkal como garantía de que volverá y se pagará la sanción, hasta hoy.

En consecuencia, la Fiscalía considera que la sanción es de la empresa Comercial Santy, no con sus empleados. Por lo tanto, según la fiscalía, Suresh Alikkal saldrá durante esta semana y Comercial Santy deberá mejorar su oferta de amortización de la sanción para empezar a pagarla en un tiempo no superior a 12 meses.

Con esta decisión, el Ejecutivo reafirma su compromiso con la defensa de la salud pública, el respeto al Estado de derecho y el cumplimiento de la legislación nacional. La idea es mostrar a las empresas que operan en Guinea Ecuatorial deben responder ante la justicia cuando vulneren la ley y pongan en riesgo la seguridad de la población.

Texto y fotos: Gabinete de Prensa e Imagen de la Vicepresidencia de la República

Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial

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